Una política urbana debe procurar y resguardar el bienestar común, por eso las decisiones sobre el destino del suelo y su futura transformación deben ser propias de los poderes públicos. El Estado debe intervenir en la regulación del uso del suelo, para conducir el crecimiento de la ciudad.
Al mismo tiempo no puede pensarse en una política de vivienda, especialmente de carácter social, sin pensar en una política de suelo.
Por tal razón, el Estado debe participar activamente en el mercado de suelo como un agente fundamental para recuperar y redistribuir los beneficios, regulando y controlando su expansión; y proveyendo una oferta de tierras accesibles para quienes carecen de vivienda propia.
- Crear el Banco de tierras.
- Poner en marcha el Programa de Mejoramiento Habitacional para brindar asistencia técnica y financiera a las familias que necesitan mejorar, terminar o ampliar su vivienda.
- Crear la Oficina para la Defensa del/ de la Inquilino/a para asesorar legalmente en la relación locativa y garantizar condiciones de habitabilidad y seguridad de las viviendas.
- Implementar el Sub Programa Ejecución de Viviendas Individuales en Lotes Propios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Pcia. de Santa Fe.
- Recuperar la bloquera para la producción de bloques de cemento y otros elementos premoldeados, los que serán destinados a la construcción y/o ampliación de viviendas, bajo la dirección técnica de la Municipalidad.
- Disponer el 40% del Fondo Federal Solidario para infraestructura en vivienda.
- Crear el Instituto de Desarrollo Territorial.
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