lunes, julio 28, 2008

Fundamentos s/ Proy. Ord. Aumento tarifa agua potable

A mediados de junio, el DEM presentó un proyecto de ordenanza para reemplazar el régimen tarifario vigente, a solicitud de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable mediante nota en la que se solicita el incremento para continuar prestando el servicio en calidad y cantidad suficiente para atender a la población.
El proyecto fue aprobado por unanimidad, con modificaciones, en la sesión del 28/7/08.

A continuación, la fundamentación del despacho.

La situación actual de la ciudad con relación al agua potable es compleja, por un lado la Cooperativa de Provisión de Agua Potable se encuentra un estado económico - financiero delicado; y por otro existen algunos interrogantes con relación al uso del recurso, el agua, que la cooperativa genera.

En referencia a la situación económico-financiera, se ha realizado el análisis de la información presentada por la cooperativa oportunamente, más el estudio de aquella que fue solicitada por el Concejo, y hemos arribado a este proyecto de ordenanza que aprobaremos hoy. Se evaluaron los ingresos y egresos y determinamos la necesidad de este ajuste tarifario.

En pocos días se va a poner en funcionamiento la nueva red, que deberá reducir las pérdidas y por ende, el costo del tratamiento de agua deberá ser menor así como también el consumo energético, ya que el recambio de red se justificó en el hecho de que las pérdidas rondaban el 42% ó 43% y si el agua no contabilizada disminuye, deberá redundar, al mismo tiempo, en una reducción de costos.

Además, en la Cámara de Diputados de la provincia existe un proyecto de comunicación con dictamen de comisión, por mayoría, mediate el cual se le solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios con el objeto de que la Empresa Provincial de la Energía establezca una tarifa diferencial, que disminuya el costo de la energía eléctrica para el consumo de las cooperativas de agua.

Esta es una preocupación recurrente y este proyecto de comunicación podría ser el comienzo de una solución al problema del costo energético.

Dado este contexto, hemos asumido el compromiso de continuar trabajando en conjunto, la cooperativa y la Municipalidad, para evaluar periódicamente su situación.

No debemos desconocer el hecho que las grandes corporaciones trasnacionales han pasado a controlar el agua en gran parte del mundo. Por ejemplo, las empresas francesas Suez y Veolia, por sí solas, administran la distribución del agua para más de 250 millones de personas, sin contar aquellas servidas por empresas en las cuales poseen participación accionaria. Se calcula que en 15 años unas pocas empresas privadas tendrán el control monopólico del 75% de ese recurso vital.

Es por eso que debemos tener presente el hecho de que las cooperativas son entidades sin fines de lucro que no generan ganancias y son una forma asociativa apropiada para la defensa de los sectores más desprotegidos de la población constituyendo una alternativa a la actividad de las grandes empresas con fines de lucro. Sin dudas, para Veolia y Suez, así como para otras, el servicio de agua gira alrededor de la ecuación económica, cuando el eje fundamental debe ser el respeto de los derechos reconocidos mundialmente y, en este caso, el respeto del derecho al agua.

Las normas internacionales sobre derechos humanos incluyen el derecho de acceso a una cantidad de agua suficiente, de calidad adecuada, para satisfacer el derecho explícito a la vida y los derechos a la salud y al bienestar. Esta interpretación está plenamente ratificada por la Observación General 15 de la ONU, publicada en noviembre de 2002, que apoya el derecho humano de acceso al agua.

El derecho al agua no supone el derecho a una cantidad ilimitada de agua, ni exige que el agua se suministre de forma gratuita. Debe pagarse un precio, pero cuando las personas no puedan pagar el agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas –por razones de pobreza, por ejemplo – es responsabilidad del gobierno local suministrar el agua necesaria para satisfacer dichas necesidades.

Actualmente, en nuestra ciudad, existe una clara competencia entre el agua potable y las fuentes de agua no segura. Y es probable que lo que el municipio no aporte para subsidiar a familias que no puedan acceder al agua potable deba tener que aportarlo en salud debido a las enfermedades sanitarias que acarrea el hecho de consumir agua de fuentes no seguras.

Como tareas a plantear de aquí en más:

Deberemos realizar un importante esfuerzo en la mejora del conocimiento, la toma de datos y la elaboración y difusión de estadísticas relacionadas con el agua, ya que las estimaciones pueden presentar incertidumbres significativas. La información ha de recopilarse y sistematizarse, facilitando su acceso libre, gratuito y universal a los interesados.

También, pronto deberemos pensar en planes Integrales de Gestión de la Demanda, que son planes que tienen como objetivo principal la gestión de la demanda de agua y la promoción de un uso sostenible y de calidad a largo plazo así como una reducción de los costos totales de gestión.
Es necesario desarrollar programas activos de información y participación ciudadana, que hagan posible la viabilidad social de las medidas que se puedan proponer. El agua es un recurso natural cuyo uso y estado concierne a todos. De ahí que su manejo no puede ser interesado y, en consecuencia, su gestión debe ser transparente. Una transparencia que exige que cualquier proyecto que afecte al medio ambiente sea debatido, en igualdad de condiciones, por todos los ciudadanos implicados. Además, la falta de participación en la determinación de las tarifas del agua contribuye a incrementar el desconocimiento y a fomentar falsas percepciones de los consumidores sobre el consumo de este recurso. Por eso, deberemos encontrar la manera de que la ciudadanía tenga capacidad real de participación y deliberación en las decisiones que se deban que tomar.

Para terminar, nos debemos comprometer a afrontar, desde la eficiencia y la sostenibilidad, el reto de la escasez del agua, al margen de vaivenes y coyunturas del momento. Una gestión eficiente y transparente del agua, con perspectivas de largo plazo, atendiendo al interés general, y con instituciones eficaces, adecuadamente dotadas y profesionalizadas, será capaz de resolver los problemas actuales y encarar con garantías los futuros.

Fundamentos Proy. Ord. Gestión sustentable del agua

El agua es un bien natural esencial para la vida en el planeta y para la supervivencia de las sociedades humanas y, por lo tanto, constituye un patrimonio natural y un derecho humano fundamental.
El 26 de noviembre de 2002, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas adoptó en Ginebra la Observación General (nº 15) sobre el derecho al agua, en la cual subraya que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Menciona que el derecho del hombre al agua es indispensable para poder tener una vida digna. Añade que este derecho es un preliminar para acceder a los demás derechos del hombre y destaca que más de mil millones de personas no tienen acceso a un abastecimiento básico de agua y que varios miles de millones no tienen acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.

Antes de la adopción del Comentario General, el derecho al agua había sido reconocido más o menos implícitamente en el Comentario General sobre el Derecho a la Salud (año 2000), en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y en la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (1979).

Para que el “derecho al agua”, es decir el derecho de acceso al agua potable y al saneamiento, sea efectivo, los usuarios y las autoridades locales tienen derechos que ejercer y deberes que respetar.

1- Para los usuarios
-disponer de agua potable en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades esenciales y tener acceso a instalaciones sanitarias aceptables, accesibles, seguras y asequibles y actuar para la protección del recurso,
-contribuir al costo del servicio del agua y a las acciones de solidaridad para el agua
-ser informados de forma transparente y ser consultados.

2- Para las autoridades locales
-integrar el derecho al agua en la legislación interna y vigilar para garantizar que sea respetado,
-identificar las responsabilidades de los diferentes actores y asegurar su participación en el seno de estructuras que garanticen la calidad y la cantidad del servicio,
-precisar las fuentes de financiamiento de los servicios del agua, incluyendo los subsidios directos y cruzados,
-ejercer un control efectivo sobre la gestión de los servicios de agua,
-censar a las personas sin acceso e identificar sus necesidades.

El derecho al agua no implica que el agua deba proporcionarse gratuitamente. Sin embargo, las personas tienen derecho al agua a un costo asequible. El agua debería considerarse como un bien social y cultural, un bien de interés público, antes que un bien económico única y exclusivamente. El agua no puede considerarse como una mercancía. Cualquier pago por los servicios del agua debe basarse en el principio de equidad, garantizando que estos servicios, estén al alcance de todas las personas, incluyendo los grupos sociales con necesidades básicas insatisfechas.

Tiempo atrás, expertos de la ONU de 100 países, presentaron un informe acerca del impacto del cambio climático, con el que la vida de millones de personas se verá afectada por la escasez de agua. Se prevé que en las próximas décadas será evidente la falta de suministros locales de agua.

Esta alarma mundial ha provocado un llamado de atención sobre la urgencia de concientizar a la población sobre el uso eficiente del agua, de manera de utilizar aquella que sea necesaria, con la calidad y características que correspondan al uso a que se destine, garantizando la conservación de los recursos naturales con tecnologías y prácticas optimizadas que proporcionen igual o mejor servicio con menos agua.

Sin embargo, el objetivo de protección y preservación del entorno no puede ir en detrimento de otros objetivos, como la salud de las personas, por lo que bajo ningún concepto se permitirá que el agua no potable comporte un riesgo para la salud.

Afirmar que el agua es un recurso escaso y, al tiempo, no tener un conocimiento preciso de cómo se utiliza, así como de las posibilidades de ahorro que ofrece, constituye una paradoja. Por eso, la correcta gestión técnica de una red de distribución de agua, comporta conocer con exactitud el destino final de toda el agua introducida en el sistema a través de los distintos puntos de suministro.

Un proyecto de ordenanza, muy similar a este, fue presentado el año pasado. Por aquel entonces planteábamos la necesidad de realizar consideraciones sobre el agua en tiempos donde no se discutieran aumentos tarifarios. Pero perdió estado legislativo. Y es en este contexto, con la aprobación del incremento en que volvemos a presentarlo, planteando:

1- Ratificar como derecho humano el acceso al agua potable

2- Declarar la necesidad que desde el Municipio se realicen gestiones permanentes ante los organismos que correspondan para la consecución de fuentes alternativas de obtención de agua potable

3- Eximir el derecho de construcción para aquellas edificaciones con doble circuito de agua

4- Solicitar a la Cooperativa de Agua información sobre población abastecida, balance hídrico, energía consumida, etc. Además, la Municipalidad podrá solicitar la realización de estudios técnicos y financieros para facilitar y contribuir en la prestación eficiente del servicio.

5- Suscribir convenios con la Coop. para la instalación de bebederos en plazas, plazoletas y espacios verdes; como así la instalación de canillas públicas, debidamente controlados.

6- Instrumentar acciones para la recepción de denuncias relacionadas con el abuso en la utilización del recurso provisto por las canillas públicas.

7- Implementar una campaña masiva de comunicación con miras a lograr la concientización en el uso racional y responsable del agua, informando a la población de los beneficios ambientales, sociales e individuales de instalar tecnologías eficientes en el uso del agua y desarrollar hábitos ahorradores.

Para finalizar, éste debería ser el primer paso hacia un programa sostenible en el tiempo, que genere interés y compromiso. Porque es responsabilidad de la esfera pública asegurar el acceso al agua potable, pero “lo público” es mucho más que el Estado: debemos promover nuevos modelos de gestión pública participativa movilizando energías en forma coherente para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos.